Debate por las escuchas

La polémica sobre las escuchas atañe a la Corte Suprema de manera directa, ya que la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen organizado (Dajudeco), que ejecuta las pinchaduras telefónicas, está bajo la órbita del alto tribunal. A la luz de la experiencia y de informe recientes, los supremos analizan cambios en esa dependencia. En los últimos días recibió una evaluación del relator especial sobre el derecho a la privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci. La evaluación daba cuenta de que por mes son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas (la que se hacen cuando corre peligro la vida de una persona, por ejemplo, ante un secuestro). También aclaraba que la mayor parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dajudeco, si no grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas. En 2018 se pincharon 41.000 líneas. Las principales advertencias de Cannataci apuntan a que “la tecnología es bastante anticuada”. Este no es un punto menor, porque es el factor que hecho que el organismo de la Corte mantenga una gran dependencia respecto de la AFI que es la que aportó esa vieja tecnología y la que la maneja. Agrega el informe una serie de “vulnerabilidades inherentes” que se derivan de el uso excesivo de las interpretaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”; y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”. El relator fue crítico respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte también había encomendado un estudio.

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